Fue juzgado por el Consejo de Guerra por el delito de Auxilio a la Rebelión, por lo que fue condenado a veinte años de reclusión menor, tal y como resulta de la sentencia acompañada. En dicha resolución se justifica la condena por motivos ideológicos, y ello a pesar de que su hijo relató que su padre no tenía ideología, conteniendo el relato de hechos probados la afirmación de que “prestó servicios en distintos frentes”.
También cuando se encuentren ejerciendo labores de resguardo de infraestructura crítica, pero en ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados bajo esta jurisdicción.
El requirente alega que unos mismos hechos son investigados paralelamente por la justicia militar y por un juzgado de garantía, lo que vulnera el debido proceso, la igualdad ante la ley y garantías judiciales reconocidas en Tratados Internacionales vigentes y ratificados por Chile.
La norma impugnada era imprecisa y estaba redactada en un lenguaje poco claro, lo que daba pie a interpretaciones obscuras. Estas conductas, tipificadas en la norma como “actos sexuales contra natura”, estaban penadas con hasta 3 de cárcel.
La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.
Funcionarios de Carabineros condenados por el delito de cohecho, instaron en el libelo de forma principal, por su absolución e inocencia, y en subsidio, por una condena menor; peticiones contrapuestas que no se condicen con un recurso de derecho estricto.
Carabinero falsificó firma de un particular para dejar constancia de entrega de una notificación emanada de un tribunal civil, hecho que no dice relación con el delito de falsedad del artículo 367 N°5 del Código de Justicia Militar, al tratarse de un documento que no tiene un origen ni un fin propiamente militar.
La propuesta, originada en moción, deroga la pena de muerte del ordenamiento jurídico nacional, mediante la modificación de las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.
El requirente estima que el presupuesto fáctico que permite aplicar el procedimiento militar no reviste la envergadura suficiente para someterlo a un proceso carente de garantías.
Norma ha sido declarada inaplicable en numerosas ocasiones por incumplir la exigencia de tipicidad que impone la Constitución.
