La verdadera solución al crimen no se encuentra en medidas extremas, sino en fortalecer el sistema judicial, garantizar investigaciones eficientes, promover políticas de prevención y abordar las raíces estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social. Rechazar la pena de muerte reafirma el compromiso de nuestro país con los derechos fundamentales y con la construcción de una sociedad más equitativa y humana.