El documento fue elaborado y editado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, y su finalidad es “recomendar usos prácticos que puedan ser comprendidos como un avance de los derechos  de las mujeres y otros grupos, entendiendo que la administración de justicia debe resguardar la igualdad de trato, pero a la vez atender particularidades que caracterizan las distintas discriminaciones que puedan afectarles, entre ellas el uso del lenguaje”.