En ningún caso puede estimarse como apremios ilegítimos la ayuda prestada a la víctima de lesiones para defenderse, por lo que la posterior identificación de los acusados por parte de un funcionario municipal, en nada tiene que ver con el auxilio al agredido, y la individualización de los encartados se efectuó conforme a derecho.
En junio de 2016, el requerido no respetó un semáforo en rojo en la ciudad de Buenos Aires y atropelló a dos peatones ocasionándoles diversas lesiones de carácter grave, huyendo con posterioridad hacia nuestro país; no obstante, la solicitud de extradición arribó a Chile en 2022 cuando la acción penal del delito ya estaba prescrita, por lo que el pedido fue desestimado.
La Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, que dejó a Santander Faúndez privado de libertad.
La niña se encontraba jugando en la plaza Villa Suiza ubicada entre calles María Pittet y Península de Taitao, de Punta Arenas, lugar al que llegó un perro color negro, raza desconocida, que se encontraba suelto en la vía pública, sin bozal, lazo o amarra de ningún tipo y de propiedad de la condenada.
El acusado manejaba su camioneta en estado de ebriedad -1,83 gramos de alcohol en sangre-, cuando efectuó una maniobra de adelanto imprudente e impactó de frente al vehículo en que las víctimas se desplazaban.
Cabe la posibilidad que en tales circunstancias se hayan auto inferido lesiones, generándose, dudas razonables que impiden condenar al acusado.
El menor había sido detenido por el presunto delito de porte de arma cortante y trasladado a la unidad, donde el imputado lo golpeó en los baños del recinto, provocándole diversas lesiones.
El acusado manejaba un vehículo en estado de ebriedad y con su licencia de conducir cancelada por la ciudad de Los Andes, cuando atropelló a un transeúnte provocándole graves lesiones, luego, huyó del sitio y fue detenido por Carabineros al día siguiente, tras ser fiscalizado en la comuna de La Reina. El máximo Tribunal estimó que la verificación de la participación del acusado en el atropello, no constituye una infracción al debido proceso.
La jurisprudencia ha declarado que la intimidación, como medio conminatorio y coactivo para forzar el cambio de actuación procesal, debe entenderse en un sentido amplio, habiéndose apreciado dicho delito cuando las expresiones expuestas incluso en tono moderado, son suficientemente significativas para atemorizar al denunciante.
El hecho ocurrió en un camino rural de la comuna de Putaendo, lugar donde el acusado atropelló a dos transeúntes, causando la muerte de uno de ellos y lesionando gravemente al otro, huyendo del sitio para dirigirse a denunciar el acto a Carabineros, infringiendo los artículos 195 y 176 de la Ley de Tránsito.
El recurrente expuso argumentos genéricos sin puntualizar de forma concreta como se habría vulnerado el debido proceso, motivo por el cual, el máximo Tribunal desestimó el arbitrio quedando a firma la condena impuesta.
