La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.
La actividad pesquera y acuícola forman parte de las labores con mayor relevancia para el sustento alimentario, económico, social y cultural de millones de personas en el planeta.
La infracción pretende sancionar la falta de honestidad en las declaraciones informadas al Servicio, a fin de resguardar los recursos hidrobiológicos a través del establecimiento de sanciones.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia; designándose como redactor al Ministro Aróstica.
La pesca artesanal ha debido adaptarse a la realidad sanitaria producida por el virus COVID-19, lo cual ha provocado un importante remanente de cuota de pesca que no fue extraído el año 2020.
La instancia parlamentaria concluyó con la votación de las indicaciones al mensaje que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
