Los tribunales se limitaron a reproducir las conclusiones de la autoridad de registro sin proporcionar ningún análisis jurídico ni realizar una investigación judicial independiente. Así, los motivos para denegar el registro de la organización no fueron pertinentes ni suficientes. Por lo tanto, la interferencia en la libertad de asociación no había sido necesaria en una sociedad democrática.
Se hace observancia de los lineamientos de la OIT y se establece un catálogo de derechos que los Estados deben respetar obligatoriamente. Establece un Consejo Laboral que deberá implementar las disposiciones del Capítulo.
El requirente alegó que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio, la igualdad ante la ley, el derecho a una justa retribución, a desarrollar una actividad económica, de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Con ello, se afectó la libertad de asociación del actor.
Las excepciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión deben interpretarse de forma restrictiva, de modo que su enumeración sea estrictamente exhaustiva y su definición necesariamente restrictiva.
Si bien la solicitud fue rechazada sin expresión de razones, la inadmisión no es arbitraria puesto que dicha decisión se fundó en las normas estatutarias.
