Según el proyecto de ley, las aplicaciones de este tipo, definidas como aquellas controladas por adversarios extranjeros y que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán prohibidas a menos que el propietario de dichas aplicaciones cese su control sobre ellas en un plazo de 270 días.
La decisión de la Corte Suprema de no intervenir en el caso indica que la interpretación realizada por el Quinto Circuito se mantiene vigente. Esto significa que la demanda contra Mckesson puede continuar, lo que tiene implicaciones significativas para los organizadores de protestas y otras formas de expresión pública.
Si bien la ley sigue vigente en toda Florida, la orden judicial preliminar se extenderá hasta que se dicte una sentencia de fondo a finales de este año. La orden se produce después de un acuerdo en un caso de derechos civiles sobre leyes similares.
La demanda, presentada en 2018 en nombre de miles de neoyorquinos afectados por la política, alegaba violaciones de derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I, Sección 3 de la Constitución del Estado de Nueva York.
El caso resalta la complejidad inherente a la intersección entre la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas digitales y la imperante necesidad de salvaguardar la integridad democrática en el escenario digital contemporáneo.
Establece que las instituciones educativas y bibliotecas públicas no deben promover ni poner a disposición material que se considere inapropiado para los niños. Además, contempla la posibilidad de acciones legales si no se retira o reubica el material señalado como perjudicial.
La norma proclama la libertad de pensamiento, ideas y opiniones, no la de insultos ni calificativos degradantes, sin que pueda disculpar la utilización de expresiones ofensivas “cabrón” y “chorizo”, una incorrección del lenguaje que estará tolerada en las conversaciones amistosas, pero no empleadas con afán de zaherir y ofender a quien se dirigen o refieren.
Resulta ilegal que el recurrido acuse, mediante redes sociales, a los actores de querer privarlo ilegalmente y de forma fraudulenta de su hogar, más aun, considerando que existe una sentencia definitiva, no ejecutoriada, que acoge las peticiones de los recurrentes.
La ley impone sanciones significativas a las empresas de redes sociales que no cumplan con sus disposiciones. Ello incluye la obligación de eliminar las cuentas existentes de menores de 14 años residentes en Florida, con la amenaza de demandas por daños y perjuicios de hasta 10.000 dólares por cuenta no eliminada, así como posibles multas de hasta 50.000 dólares por infracción.
Determinó que los reclamos presentados por X no estaban justificados legalmente y que la CCDH estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en un tema de interés público al denunciar discursos de odio en línea.
Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.
