La agresión a una mujer es una violencia estructural que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, e impone la obligación de analizar las situaciones respecto de las cuales se debe decidir con una adecuada perspectiva de género.
El contenido del texto denunciado es meramente descriptivo, desde que explica las siglas del acrónimo referida a las personas con identidades de género diferentes a la heterosexual y detalla sus rasgos y características principales, sin que se observe que sus definiciones persigan agregar o alguna enseñanza o consideración sobre la moral sexual.
Aunque algunas expresiones sean inexactas o exageradas, prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor, pues no existe ninguna necesidad que justifique la injerencia de este en aquellos en una sociedad democrática como la nuestra.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica respondió enfatizando que, según el canon 983 del Código de Derecho Canónico, el secreto sacramental «es inviolable», lo que prohíbe al confesor revelar la confesión del penitente, bajo pena de excomunión.
La CIDH observa con preocupación que, a la fecha, 8 sacerdotes permanecen privados de libertad. Entre ellos, el monseñor Rolando Álvarez, quien se encontraría en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud, como quedó evidenciado en la visita de sus familiares el pasado 25 de marzo.
La decisión de la autoridad educativa debe tenerse por proporcionada, pues en caso de ceder se haría prevalecer la intransigencia del progenitor demandante al respetuoso cumplimiento de la normativa por parte del resto del alumnado, cuyo derecho a ver observadas las reglas de vestimenta en punto a la cabeza no puede tenerse por inferior y subordinado al de la individualidad contemplada.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió un caso relacionado con identidad de género y libertad religiosa, negándose a ordenar el cambio de nombre e identidad de género en los registros sacramentales.
La negativa de la autoridad a exonerar al actor de su nombramiento como vocal de mesa comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante. Por ende, tal decisión resultó desproporcionada y lesiva de la libertad religiosa del recurrente.
Si un funcionario grava sustancialmente un ejercicio religioso sin presentar evidencia de que la aplicación de la carga está al servicio de algún interés convincente, este ha violado la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Los recurrentes no tienen derecho a la inmunidad calificada porque de los hechos, en conjunto con el texto de la ley, se revela que la prohibición fue injustificada.
Para decretar alguna medida tendiente a resguardar derechos fundamentales debe existir trascendencia en lo infraccionado, y en la especie, el hecho denunciado de modo alguno amenaza el ejercicio de los derechos supuestamente vulnerados.
La Corte nos lleva a un camino peligroso al obligar a los Estados a enredarse con la religión con todos nuestros derechos en juego, sostuvo el voto disidente.
