La demanda busca restaurar la competencia en el sector de los teléfonos inteligentes y garantizar que los consumidores tengan acceso a una variedad de opciones a precios justos. Esta acción legal plantea interrogantes sobre el poder de las grandes empresas tecnológicas y la necesidad de una regulación más estricta para proteger los intereses de los consumidores.
El objetivo de este bloqueo geográfico era impedir que los videojuegos, distribuidos en determinados países a bajo precio, fueran adquiridos por distribuidores o usuarios situados en otros países en los que los precios son muy superiores.
La Corte Suprema determinó que el fondo de la consulta no era contencioso, por lo que el Tribunal debe emitir opinión respecto a si los contratos consultados constituyen o no algún riesgo a la libre competencia, por constituirse en la especie como una barrera de entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles líquidos.
El requirente traslada la falta de motivación y la desproporción que atribuye al sentenciador del fondo al precepto legal que regula la multa, transformándola en un requerimiento de inaplicabilidad, lo que ya es motivo suficiente para desestimarlo porque sigue siendo, al fin y al cabo, un cuestionamiento a la decisión adoptada por el TDLC que debe ser revisada por la Corte Suprema.
La compañía aérea garantiza la conectividad de Rumanía al dar servicio a rutas aéreas interiores e internacionales, al mismo tiempo que se centra en dos categorías específicas de pasajeros cuyo desplazamiento depende en gran medida de rutas aéreas de bajo coste.
La FNE presentó requerimiento ante el TDLC contra el Laboratorio Biosano S.A. mediante el cual le imputa haber incumplido la obligación que le fue impuesta en la Sentencia N° 165/2018, referida a un programa de cumplimiento en materia de libre competencia por el plazo de cinco años.
La actualización de la guía busca incorporar nuevas herramientas existentes que puedan ser útiles para asegurar el cumplimiento normativo, pero no revisitar si un programa de cumplimiento puede eventualmente eximir de responsabilidad en sede de libre competencia, así como tampoco determinar ex ante el monto específico de la reducción de la multa solicitada por la Fiscalía ante el TDLC en razón de la existencia de un programa de cumplimiento.
La iniciativa se funda en la necesidad de aumentar la capacidad de fiscalización y persecución ante ilícitos contra la libre competencia.
Es posible acumular procedimientos y sanciones cuando se persiguen objetivos complementarios relativos a aspectos diferentes del mismo comportamiento infractor.
La requirente estima que se vulneran los principios de proporcionalidad, culpabilidad y responsabilidad personal, y las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
