La prueba de detective, por el hecho de no probar el empresario, sospechas fundadas que le llevan a su contratación, no incurre en infracción alguna, ni de la ley de seguridad privada ni de ningún derecho fundamental de la trabajadora. Su legitimidad viene dada por su condición de empresario o por ser el demandado en un pleito, al concurrir en tales casos el interés legítimo que exige la ley de seguridad privada.

No hubo tolerancia porque cada vez que el actor faltó injustificadamente a su trabajo se procedió al descuento de su salario. No hubo dejación de la facultad disciplinaria que se ejercitó dentro del plazo de prescripción. Tampoco actuación maliciosa del demandado tendiente a dejar pasar el tiempo para que el actor incurriera en más ausencias injustificadas y así poder imponer una sanción mayor, razona Tribunal español.

La buena fe se entenderá vulnerada cuando la realización de otras actividades sean contrarias a la recuperación de la salud, en tanto que de ello se derivaría un fraude y engaño para la empresa, como para el sistema nacional de Seguridad Social. No toda actividad realizada por el trabajador durante la situación de incapacidad justificaría el despido.

En las fotos aparecía realizando labores incompatibles con su licencia médica.

La Caja de Compensación había señalado que al presentar declaración de invalidez no correspondía subsidio.

No puede deducirse que la empresa demandada haya cumplido las exigencias legales y jurisprudenciales a las que se ha hecho referencia para destruir los indicios de vulneración de derechos fundamentales aportados de contrario. Ha de concluirse que se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación del trabajador.

El recurrente cuestionó la interpretación que la magistratura militar efectuó de la palabra “licencia”, lo que fue desechado por el máximo Tribunal, al indicar que tal vocablo debe entenderse en sentido amplio incluyendo los permisos por motivos de salud, y no sólo los permisos administrativos especiales como pretendía el acusado.

Realizar una actividad remunerada o no durante el período de la licencia médica y reposo prolongado, es causal de rechazo de esta.

No existe prueba de que el trabajador infringiera las prescripciones médicas sobre su recuperación. Además, no hubo acto de competencia desleal sino mera prospección de alternativas laborales futuras. No concurren en este concreto supuesto las exigencias previstas en la norma sobre la transgresión de la buena fe contractual.

La Corte constató que la arbitrariedad impugnada no es un acto aislado e individual, sino que se ha generalizado por parte de la autoridad, provocando una excesiva judicialización y la consiguiente dilatación excesiva de un conflicto.