El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso propone diversos cambios al Código Penal, donde se destacan la modificación del artículo 34 sobre la Legítima Defensa y agrava las penas para las manifestaciones. Los detalles.
La magistrada además del pago de la indemnización, ordenó que las disculpas públicas deben publicarse en dos diarios de circulación nacional, en el plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha que el fallo se encuentre firme y ejecutoriado.
En fallo unánime, el tribunal aplicó, además, a Guzmán Yuri y Arancibia González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas; más el pago proporcional de las costas del juicio.
La Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la parte que estableció la responsabilidad del Estado por la falta de servicios en el actuar policial en el control de un manifestación pública, pero estableció error de derecho al conceder parcialmente lo pedido por concepto de lucro cesante.
El hecho que ocasionó el daño es atribuible al grupo como tal, no siendo posible que lo cause un individuo, pues el resultado dañoso es la suma de actuaciones que son necesariamente colectivas.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.
Tras una interrumpida exposición, el debate sobre cómo condenar la violencia se volvió a tratar en la Convención, siendo rechazada la propuesta por un total de 44 votos a favor y 57 en contra.
El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.
El máximo Tribunal apuntó que la utilización de estos implementos está regulada por los protocolos de uso de la fuerza, y «es una temática que no puede ser resuelta» por vía judicial.
El gobierno holandés impuso desde el 23 de enero un toque de queda para intentar evitar la propagación del coronavirus, pero varios grupos convocaron multitudinarias protestas contra la medida. A través de un comunicado, el tribunal señaló que la “emergencia” que justifica el toque de queda no se ha podido demostrar.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la acción cautelar deducida y revocó la resolución dictada el jueves 27 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Temuco, ordenando el arresto total del teniente coronel, por considerar que dicha medida garantiza en esta etapa procesal, los fines del procedimiento.
