Los hechos descritos sugieren que la situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, atendiendo a la naturaleza de los hechos alegados en el contexto en el que se insertan, de tal forma que resulta necesario adoptar medidas para salvaguardar sus derechos a la vida e integridad personal de manera inmediata.
Se requiere una actuación pronta y expedita de parte del Estado, considerando que el propuesto beneficiario se encuentra bajo su custodia y continuaría sufriendo episodios frecuentes de convulsión en el tiempo. De manera reciente, se informó, por ejemplo, que se habría lesionado en un episodio epiléptico del 7 de agosto de 2023.
La pobreza afecta de manera desproporcionada a las personas con discapacidad. Los costos adicionales de vivir con una discapacidad equivalen a una “barrera infranqueable” para el ejercicio de los derechos de este colectivo. La pobreza y la pobreza extrema se presentan como factores ambientales y sociales de riesgo que inciden en el desarrollo de una discapacidad.
La vigencia de las fuentes de riesgo de los fiscales y su relación con los eventos que vienen enfrentando actualmente, reflejan que su situación requiere la inmediata intervención del Estado. Su situación continuará intensificándose en la medida que avancen las investigaciones del Equipo que lideran al interior del Ministerio Público en el actual contexto.
El desplazamiento ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular, para los Pueblos Indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias indígenas desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres.
Acusan a la empresa de utilizar “algoritmos de recomendación que manipulan la dopamina” de los jóvenes, que producen diversos daños en su salud mental. Presentaron diversos estudios para fundar sus alegaciones.
El Estado se encuentra en una posición especial de garante que implica el deber de respetar la vida, integridad, salud y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad, en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política. La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho.
Los animales no humanos, en especial los que han sido domesticados, son seres sintientes, que extrañan, que sufren y que adquieren costumbres, por lo que resulta indudable que el cambio que produce la separación de los cónyuges y la alta conflictividad, los afectará también.
Los beneficiarios fungen como virtuales presidente y vicepresidenta, y en dichas calidades representarían el más alto mandato político del país. En ese sentido, esta Comisión estima que el grado de protección que se brinda a través de los esquemas de seguridad deben ser ponderados de cara a los factores riesgos a los que se encuentran expuestas las personas propuestas beneficiarias dado su actual perfil, situación alegada y actual contexto.
En vista de la continuidad de las amenazas de muerte en contra del propuesto beneficiario, sumado a los cuestionamientos presentados frente al esquema de protección que tendría, además de la posibilidad de que sea alterado sin coordinación previa, esta Comisión entiende la inminente posibilidad de que se materialice el riesgo en el actual contexto del país.
