La sentencia concluyó que la actividad productiva de bodega está permitida por el instrumento de planificación territorial.
La Dirección Regional Magallanes y la Antártica Chilena determinó que el proyecto debía someterse al SEIA dado que el carácter permanente de las actividades de navegación y avistamiento, y el número creciente de visitantes, que coinciden con épocas de apareamiento y alimentación, conllevan un riesgo de afectación de las especies de mamíferos y aves marinas, que son objeto de protección.
Respecto del químico, el recurso sostiene que se trata de un herbicida sistémico de amplio espectro, no selectivo, de tipo total, ya que destruye todo tipo de plantas sin distinción. Es utilizado tanto en áreas agrícolas como no agrícolas para eliminar malezas indeseables, pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha, plantas herbáceas, entre otras especies. El producto es absorbido por las plantas actuando sobre el sistema enzimático de las mismas, causando clorosis foliar seguida de necrosis y, por tanto, la muerte de la planta.
El Tribunal señaló que existe un nivel de incertidumbre y riesgo en la evaluación ambiental, con evidentes anomalías en la definición del área de influencia del proyecto, la emisión de contaminantes y modelación de la calidad del aire, lo que atenta con la salud de la población.
El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.
La Empresa reclamante argumenta que la infracción estaría prescrita y que se habría generado el decaimiento del procedimiento administrativo, lo que es descartado por el organismo fiscalizador.
Luego de analizar los antecedentes del caso, el Tribunal concluyó que la autorización de la Seremi de Salud, mediante la cual se autorizó a Geobarra para disponer residuos peligrosos, no tienen un correlato en los hechos, pues la empresa se dedica a la gestión de residuos y no realiza actividades de disposición final y/o eliminación de dichos residuos.
El máximo Tribunal estableció que se encuentra amenazado el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, al realizar obras al interior de un área protegida.
El procedimiento sancionatorio se inició con motivo de una fiscalización realizada por la Seremi de Salud, en la que detectó un conjunto de incumplimientos graves asociados a la salud de los trabajadores de RECIMAR y la comunidad adyacente (Villa Kamac Mayu, Teletón de Calama y Comunidades Indígenas de Yaquincha), decretando la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.
El Servicio reclamado descartó que no se hayan analizados los planes y programas del territorio durante la evaluación ambiental, sino que concluyó que ellos eran compatibles con el proyecto.
