El reconocimiento fotográfico debe ser considerado como una medida tendiente a encausar la investigación a fin de dar con el autor del ilícito denunciado, por ser éste uno de los fines de la investigación, razón por la que no puede tildarse de irregular la medida llevada a cabo que importe una declaración de invalidez.
La empresa no puede pretender que, a la hora de reconocer el derecho de la persona trabajadora se entre a analizar cómo esta organiza el cuidado del hijo/a o familiar con su cónyuge o pareja u otras personas de la familia (los abuelos). Sería permitir a la empresa la intromisión en la vida privada de matrimonios y parejas, convirtiéndola en una suerte de guardián de la corresponsabilidad.
De la prueba practicada en el acto del juicio oral, del resultado de la declaración del propio acusado admitiendo los hechos tal y como han quedado probados, de las declaraciones de los testigos que han declarado y los peritos que se han ratificado y explicado su informe realizado y de la prueba documental, queda acreditada la autoría del acusado.
La existencia del dolo o fraude la debe probar el asegurador de manera amplia, plena y satisfactoria, extremos no configurados en este proceso. Para que se configure la situación prevista en el artículo 48 de la Ley de Seguros es necesario comprobar la exageración fraudulenta del daño, es decir, dolosa y con el propósito de obtener una indemnización superior al daño realmente sufrido.
La recurrente insiste en afirmar que de la grabación surge que el dinero correspondiente al vuelto se entregó en la mano del trabajador. No obstante, independientemente de la eficacia probatoria de dicha filmación, de ella surge exactamente lo contrario. Esto es, que el dinero correspondiente al vuelto se colocó al lado de los $300 que se le atribuyen tomados indebidamente al trabajador, por lo que resulta claro que dicha filmación no puede dar prueba del hecho alegado como injuriante.
La demanda interpuesta contra el Hospital de San Felipe fue rechazada debido a que el tribunal estimó que los demandantes no pudieron acreditar la falta de servicio, sin embargo, no se refirieron a la prueba aportada por el Servicio de Salud, limitándose a enunciarla sin efectuar ningún tipo de análisis o razonamiento. El máximo Tribunal casó de oficio el fallo impugnado e hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.
El imputado intentó anular la sentencia y el juicio sobre la base de no haber sido informado oportunamente por el Ministerio Público de los elementos de prueba en su contra, mediante dicho requerimiento, petición que fue desestimada por el máximo Tribunal al considerar que, por la naturaleza del acto, el ente persecutor no está obligado a presentar una lista detallada de cada prueba, ya que, de ser así, la solicitud de cambio de procedimiento sería inviable en la especie.
El interés público informa a ambos lados de la balanza: el público tiene interés en la correcta administración de justicia, así como en que se garantice la seguridad del transporte. Para el legislador, el interés público consiste en el derecho de las partes a un juicio justo y a presentar todas las pruebas pertinentes que sean necesarias.
Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.
La ruptura del principio de inocencia, demostrando el proceder doloso de los imputados mediante los medios probatorios pertinentes corresponde al que sostiene la acción penal privada, esto es, al querellante.
El requirente alega que se ve imposibilitado de presentar prueba crucial en la gestión pendiente, dejándolo en indefensión.
