Este registro permitirá a los consumidores acceder a información sobre cerrajeros inscritos y asegurarse de que cumplan con los requisitos legales. Además, se promueve la transparencia en la industria y se abordan temas relacionados con la situación migratoria de quienes ejercen este oficio.

Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.

Se trata de una persona que goza de situación migratoria regular en el país y mantenía el certificado de residencia definitiva en trámite.

No parece razonable exigirle al Estado que deje sin efecto el acto administrativo con ocasión de la protección a la familia, si fue el propio amparado el que la desatendió y no procuró resguardar.

La Sala respaldó en general y particular el proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.

El extranjero deberá mantener actualizada la dirección de su estadía o dirección de correo electrónico, e informar sobre cualquier cambio dentro del plazo de treinta días corridos desde que se haya producido.

La Comisión de Gobierno conoció detalles del proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.

La iniciativa busca agilizar los trámites de regularización de situación migratoria ante el Servicio de Migración y Extranjería valiéndose de un uso mucho más descentralizado a través de sus oficinas regionales.

Aun asumiendo que los reclamantes enfrentan riesgos reales y no especulativos de devolución desde los Estados Unidos, el esquema legislativo canadiense proporciona válvulas de seguridad que protegen contra tales riesgos. Por esa razón, el esquema que implementa el Acuerdo de Tercer País Seguro no es demasiado amplio ni extremadamente desproporcionado y, por lo tanto, está de acuerdo con los principios de justicia fundamental.

El acuerdo, que fue alcanzado tras una década de disputas, acelera los procedimientos de tramitación de solicitudes de asilo y permite a los migrantes contar con traductores y asistencia jurídica. También introduce un componente de solidaridad que confiere a los Estados miembros dos opciones ante la llegada de migrantes: acogerlos o pagar 20.000 euros por migrante para sufragar los gastos de los controles fronterizos obligatorios.