La Comisión de Gobierno conoció detalles del proyecto que busca “asegurar que aquellos que soliciten la condición de refugiado cumplan con los criterios y fundamentos legales”.
La iniciativa busca agilizar los trámites de regularización de situación migratoria ante el Servicio de Migración y Extranjería valiéndose de un uso mucho más descentralizado a través de sus oficinas regionales.
Aun asumiendo que los reclamantes enfrentan riesgos reales y no especulativos de devolución desde los Estados Unidos, el esquema legislativo canadiense proporciona válvulas de seguridad que protegen contra tales riesgos. Por esa razón, el esquema que implementa el Acuerdo de Tercer País Seguro no es demasiado amplio ni extremadamente desproporcionado y, por lo tanto, está de acuerdo con los principios de justicia fundamental.
El acuerdo, que fue alcanzado tras una década de disputas, acelera los procedimientos de tramitación de solicitudes de asilo y permite a los migrantes contar con traductores y asistencia jurídica. También introduce un componente de solidaridad que confiere a los Estados miembros dos opciones ante la llegada de migrantes: acogerlos o pagar 20.000 euros por migrante para sufragar los gastos de los controles fronterizos obligatorios.
La autoridad aeronáutica podrá impedir el ingreso de vuelos internacionales al territorio nacional o el arribo de aeronaves extranjeras, previo informe de las autoridades competentes.
La sala de la Cámara ratificó las modificaciones hechas por el Senado al texto legal, dejándolo en condiciones de ser promulgado. La iniciativa define el procedimiento a seguir en el caso de que un extranjero no pueda acreditar su situación migratoria regular.
La Cámara respaldó, por amplia mayoría, una resolución que busca hacer frente al masivo fenómeno migratorio.
La medida de expulsión implicaría una vulneración a las bases de la institucionalidad, que consagran a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad.
En la resolución, se plantea la necesidad de analizar sanciones económicas para Bolivia ante la negativa de reconducir a personas que ingresan clandestinamente a Chile desde dicho país.
Tratan de la pena de muerte, personas en situación de migración o refugio, personas en situación de desplazamiento, desaparición forzada y libertad personal.
