La iniciativa, cuyo objetivo es mejorar el sistema de gestión y tratamiento de aguas del acuífero La Coipa, tiene una vida útil estimada de 62 años y fue rechazada porque a juicio del SEA, la empresa no habría presentado algunos antecedentes durante el proceso de evaluación ambiental.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la demanda al no identificarse en la especie las franjas de terrenos en los que procedería el cobro reclamado.
La instancia especializada continuó el análisis del proyecto minero-portuario y prosiguió las audiencias con la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente y de la ONG Defensoría Animal.
No se advierte un perjuicio de las reclamantes con la aprobación del programa, toda vez que éstas podrán instar por la imposición de la sanción respectiva, y eventualmente podrá concurrir la acción de daño ambiental.
El máximo Tribunal ordenó la detención de la obra que impulsa la empresa Andex Minerals SpA y que se encuentra a solo 20 metros de una zona protegida.
En diciembre del año pasado la zona donde se emplaza la minera fue declara como Prioritaria, dada la alta vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra, producto de la intervención histórica realizada en dicha área por una serie de actividades productivas.
Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental
La Comisión procederá a la votación del proyecto el miércoles 17 de marzo de 2021.
El Tribunal ratificó la sanción aplicada a la reclamante por abandonar parcialmente el yacimiento y no presentar un plan de cierre, conforme a la norma legal.
El derecho cuya protección se buscaba no es indubitado y requiere una sentencia de carácter declarativo.
El Tribunal aclaró que “la aplicación de los principios penales en el ámbito sancionatorio no implica la de sus reglas particulares, sino que una aplicación adecuada a las particularidades del Derecho Administrativo Sancionador”.
