Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.
El artículo 13 del DL N°1.939 de 1977 no consagra la diferencia prevista en el artículo 35 del Código de Aguas.
Es necesario que el Estado se haga cargo de la situación de las ocupaciones sobre terrenos fiscales, incorporando nuevas herramientas jurídicas que permitan contar con la posibilidad de transferir en dominio aquellos terrenos.
El máximo Tribunal estableció actuar arbitrario de la autoridad al rechazar en su totalidad la transferencia de terrenos por una supuesta incongruencia entre la cantidad de habitantes de la comunidad y la superficie solicitada.
Los actores no acreditaron su interés jurídico, directo e inmediato, comprometido en el resultado del juicio y en la protección de la garantía constitucional invocada.
Aun cuando se hayan concedido ampliaciones de plazo con anterioridad, por mandato legal la modificación del contrato de concesión requiere de determinados actos administrativos, los que no ocurrieron en el caso.
La recurrente estimó vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.
