La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció que no hay una actuación arbitraria por parte del Ministerio de Obras Públicas, dado que no se ha realizado el acto expropiatorio y que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar la legalidad o legitimidad de dicho acto.

La resolución busca resolver los problemas de conectividad en las localidades alejadas de los centros urbanos a lo largo de todo Chile, por medio de una institucionalidad que realice tareas de diagnóstico, planificación y fomento en esta área.

Recursos Hídricos respaldó la idea de legislar de esta propuesta de ley que establece una prórroga de plazo para la inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.

Alcalde de Huechuraba argumenta que no puede razonablemente estimarse una alternativa viable un camino de montaña como es el viejo camino de La Pirámide, o las vías liberadas de pago que señala la concesionaria que abarcan 17 o 16 kilómetros.

Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el Fisco el que se encuentra obligado a pagar subsidiariamente las indemnizaciones y prestaciones laborales generadas con ocasión del despido.

Si bien la vigencia de los contratos de obras se inicia con posterioridad a la total tramitación del acto que aprueba su contratación, los contratos de emergencia tienen una naturaleza especial, que permite que su cumplimiento sea inmediato.

En atención a los términos que motivan la consulta, el ente contralor aclara que su pronunciamiento no versa acerca de la juridicidad del proyecto de desalinización en la Región de Coquimbo.

Si el Ministerio hubiera revisado los antecedentes en conformidad a los criterios de las bases, la impugnante sostiene que habría sido admitida a la etapa de evaluación.

El objetivo principal de la iniciativa es la creación de una nueva institucionalidad de recursos hídricos que fortalezca su gobernanza, planificación, regulación, inversión en infraestructura y gestión.

En fallo unánime, estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida y dejó sin efecto el acto administrativo impugnado, dictado por la fiscal nacional del MOP.