Regula la industria de la seguridad privada entendida como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos.
La instancia de Seguridad Ciudadana aprobó, por mayoría de votos, la propuesta de diputados RN y UDI para fijar en las funciones del nuevo órgano la elaboración de una estrategia nacional contra el terrorismo.
La Sala respaldó en forma unánime la iniciativa que forma parte de la Agenda de Seguridad (fast track legislativo), con lo cual quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite, en la Cámara Baja.
El oficio señala que el artículo 2° entrega una nueva responsabilidad al Poder Judicial, haciéndolo parte integrante de lo que el proyecto denomina ‘sistema de seguridad pública y convivencia ciudadana’. No es del todo claro, sin embargo, en qué consiste ese ‘sistema’, por cuanto el proyecto se limita a señalar que estará compuesto por las normas, políticas, planes y otros instrumentos relativos a ámbitos inespecíficos.
Frente al nuevo paradigma de seguridad en que nos encontramos, se requiere una respuesta estatal que establezca un Sistema de Seguridad Pública, encabezado por un Ministerio especializado y técnico, con funciones y atribuciones propias para enfrentar la multicausalidad de peligros existentes.
La medida, respaldada por la Cámara, tiene por objeto hacer que el organismo público mantenga su dependencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
