Establece los requisitos mínimos para enfrentar incidentes de ciberseguridad, las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, los deberes de las instituciones determinadas en la ley, como asimismo los mecanismos de control, supervisión y responsabilidad frente a infracciones.
Para determinar la causa de muerte de la madre de la recurrente, un fiscal de Copiapó ordenó practicar una tercera autopsia sobre el cuerpo, la cual sería realizada por un forense privado bajo supervisión del SML, no obstante, el persecutor no indicó de forma específica si el recurrido debía prestar apoyo instrumental y profesional al galeno, o sólo limitarse a facilitar sus dependencias para realizar la diligencia; por lo tanto, la acción cautelar no puede prosperar.
La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Constitución luego de una serie de audiencias con autoridades y asociaciones de funcionarios del citado organismo. Ahora está en la Comisión de Hacienda para ver aspectos financieros.
Según el ente persecutor, en horas de la mañana del 18 de febrero de 2024, debido a problemas afectivos, la imputada se dirigió a su domicilio, una mediagua de material ligero, cercano al cementerio de Traiguén. Lugar donde procedió a prenderle fuego a una frazada, provocando un incendio que consumió la totalidad del inmueble, se propagó por una ladera del cerro Chumay y afectó más de 50 hectáreas de pastizales.
Según explicó la magistrada del Juzgado de Garantía, el auto de apertura de la causa será remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad, instancia que debería fijar la fecha del juicio oral dentro de los próximos 60 días.
En la audiencia de formalización, la magistrada acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, con la excepción del arresto domiciliario total, por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
a Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, y rechazó la pretensión de la defensa de rebajar el régimen cautelar de Durán Pastor.
El beneficio contemplado en la Ley Nº20.948, establece una bonificación para aquellos funcionarios públicos que renuncien encontrándose en edad para jubilar, sin embargo, el Oficio Nº2900 del 2017 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, excluye a los fiscales adjuntos de aquel bono, no así al resto de funcionarios del ente persecutor que sí pueden acogerse al beneficio.
Si bien es pública y notoria la permisividad con que se actúa en las fronteras chilenas, lo cierto es que tal situación fáctica no importa una autorización jurídica por parte de las autoridades, ni le priva a ella del ejercicio de sus facultades legales.
La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.
En la audiencia de formalización el magistrado onsideró que las cautelares impuestas resultan adecuadas y proporcionales, por ahora, para asegurar la comparecencia de la imputada al procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.
