El informe plantea que se generan diversas dificultades. La principal se centra en la necesidad de clarificar el tribunal competente para conocer de la ejecución de dichas medidas, en tanto la fiscalía no judicializa la causa ante el tribunal penal respectivo.
El documento aprobado por la Sala llama al Presidente de la República a agilizar la ejecución técnica y reglamentaria que permita aplicar este procedimiento.
La normativa rige seis meses después de publicada en los casos de Tribunales de Familia y en los casos penales tendrá vigencia en diez o catorce meses desde su publicación, según la región.
La Comisión de Constitución del Senado rechazó las enmiendas que hizo la Cámara de Diputados, en el entendido de que se construyó un acuerdo para perfeccionar la aplicación de la iniciativa.
