El máximo Tribunal resolvió que la correcta interpretación del artículo 113 del DFL Nº1 del año 2005, en relación con los artículos 54 y 59 de la Ley Nº19.880, es considerar al reclamo como una correcta vía de impugnación no sólo del recurso de reposición sino también del recurso jerárquico, en atención al resguardo que se debe procurar de los derechos del administrado.
El denunciado ingresó a pescar con una embarcación de 18 metros de eslora a la primera milla marina, en circunstancias que aquella franja está reservada para las naves de pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora, infringiendo los artículos 47 y 110 de la Ley General de Pesca.
Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios, aunque de una forma particular: mediante una condena dineraria, aclara que basta con que exista una resolución judicial, cualquiera sea la forma que revista, que se encuentre firme y consentida, y que haya sido incumplida.
El Tribunal tomó en consideración la explicación proporcionada por la letrada respecto al origen de las referencias ficticias, así como su sincera expresión de arrepentimiento. Sin embargo, concluyó que, a pesar de estos aspectos atenuantes, la imposición de la sanción era necesaria debido a su falta de diligencia en verificar la exactitud de la información.
Con el objetivo de proteger a los consumidores, comenzará a regir en España la «ley influencer», que regula la actividad de creadores de contenido de distintas plataformas. A quiénes se le aplicará la norma, qué prohibiciones y multas tendrán.
Solo se puede imponer una multa administrativa a un responsable del tratamiento de datos por infracción del RGPD si dicha infracción se ha cometido de forma culpable, es decir, de forma intencionada o negligente. Así ocurre cuando el responsable del tratamiento no podía ignorar el carácter infractor de su conducta, tuviera o no conciencia de la infracción.
No se pueden inferir intenciones o comportamientos violentos de las llamadas convocatorias en línea, los lemas coreados o la forma de vestir de algunos manifestantes. A primera vista, esas deberían haberse tomado como expresiones de insatisfacción y protesta en lugar de llamados deliberados e inequívocos a la violencia.
El artículo 49 del Código Penal regula la posibilidad de sustituir la multa por prestación de servicios como una facultad del juez, no una obligación. La ausencia del imputado indica que no está de acuerdo con realizar los trabajos, informó el recurrido.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que rebajó la multa.
Se determina que el mensaje publicitario que la empresa difundió en los perfiles de las redes sociales Facebook e Instagram denominados “Biolab & Inmunomed” y “Biolabinmunomed, a través de las piezas publicitarias cuestionadas, no corresponde a la realidad. En consecuencia, se han configurado los actos de engaño denunciados.
Resulta acertado el cuestionamiento de la defensa relativo a que si bien el vencimiento de la calibración de los equipos no había operado al momento en que se tomaron las foto multas cuestionadas, deviene evidente que aquellos no funcionaban adecuadamente, y de allí parte la necesidad de que se pruebe la aptitud de los cinemómetros por medio de los cuales se obtuvo la infracción endilgada a la recurrente.
