El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a la tutela judicial efectiva en relación al debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho al ejercicio de la acción penal y el principio de seguridad jurídica, desde no puede continuar como querellante en el proceso en contra de la ex alcaldesa Cathy Barriga.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
Pues en su calidad de unidad municipal se incorpora a aquellos órganos de la Administración mencionados en el artículo 2 de la Ley 20.285 por remisión del artículo 7 del mismo cuerpo legal.
Sólo el permiso y las obras edificadas ya recepcionadas son las que están exentas de la afectación, no así aquellas porciones del predio cuya utilidad pública se restableció mediante la Ley 20.791, resolvió el máximo Tribunal.
La actitud arbitraria de la Municipalidad, de negar por la fuerza física la actividad comercial autorizada ya por el municipio, lesiona los actos favorables que han sido renovados reiteradamente a través del tiempo.
El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.
Los terceros afectados gozan del derecho de oponerse a la entrega de la información solicitada, posición en la que se encuentran los ganadores de los fondos concursables.
La conducta desplegada por la recurrente formaba parte de una dinámica de trabajo, admitida por años, que no fue objeto de cuestionamiento por otros entes de control dentro del municipio, por lo que no corresponde responsabilizarla administrativamente por los lineamientos de las políticas de Estado sobre la materia.
La información solicitada resulta ser idónea para afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera privada o derechos de carácter comercial o económico que pudiera afectar su honra.
El tribunal sostuvo que la acción cautelar no es la vía idónea para solucionar la controversia entre las partes.
La Segunda Sala señaló que la LOCTC en su artículo 84 establece, en su inciso primero, numerales tercero y quinto, que un requerimiento deberá ser declarado inadmisible, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación y cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación.
