El máximo Tribunal mantuvo a firme la decisión de la magistratura de instancia, al observar que el demandante no probó en juicio la fuente de la obligación que pretendía le fuera reconocida por medio de un pagaré, y en sede de nulidad sustancial impugnó las normas probatorias, y no aquellas decisoria Litis que decían relación con el contrato de mutuo.
El recurrente alegó que la obligación no era líquida pues estaba contenida en un contrato de mutuo que no detallaba el monto expreso de la suma adeudada, argumento desestimado por el máximo Tribunal al observar que en el contrato ambas partes acordaron el pago en cuotas y establecieron una fórmula para calcular el valor de cada parcialidad.
El demandado suscribió cheques a plazo para comprar las fichas, los que bloqueó con posterioridad alegando que las deudas contraídas en juegos de azar adolecen de objeto ilícito, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal.
La solicitud de la gestión se presentó el 9 de diciembre de 2021, y la modificación del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil – que exige un antecedente escrito de la deuda que se cita a confesar – entró en vigor el 10 de diciembre del 2021, por lo tanto, el solicitante no se encontraba obligado a justificar por escrito ningún antecedente de la deuda pretendida.
El acreedor demandó en juicio ordinario un mutuo de dinero del que daba cuenta un pagaré suscrito por el deudor, pero no ejerció la acción cambiaria, motivo por el que la excepción de prescripción opuesta por el demandado no puede prosperar.
El recurrente impugna una sentencia que niega el cobro de un pagaré que contiene una obligación insoluta de un préstamo de dinero, pero no desarrolla en su argumento la infracción al artículo 2196 del Código Civil respecto del mutuo.
La acción ejercida lo fue la ordinaria de cobro de pesos que corresponde y es la propia del contrato de mutuo, y no a la acción cambiaria referida en la Ley N°18.092.
Recurrente acusa que Banco no entregó la información solicitada para pagar anticipadamente un mutuo de dinero, lo que conculca su derecho de propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
