El recurrente acusó a Codelco de prohibir a sus dependientes acudir a las instalaciones del actor, para la toma de exámenes médicos obligatorios para los trabajadores del rubro, decisión que nunca fue adoptada por la empresa estatal, sino que fue un comentario errado de un tercero que creyó que existía dicha cancelación de parte de la empresa minera.
El requirente estima que se le ha privado arbitrariamente de la obtención del título de abogado, vulnerando sus garantías constitucionales.
Desde el punto de vista jurídico, señala la Corte, resulta importante analizar la entrega de ciertos beneficios a nacionales o ciudadanos de una jurisdicción, y la calidad jurídica que los mismos deben poseer, pues el establecimiento de condiciones de acceso a garantías prestacionales que fija el Estado, debe realizarse previniendo la generación de actos que puedan considerarse discriminatorios, en razón de la legislación vigente, y asimismo los tratados internacionales que se hayan ratificado y que se encuentren vigentes.
En el término de un año la recurrida deberá desarrollar todas las gestiones conducentes a dotar a la Escuela Juan Pablo II de la infraestructura adecuada para el desplazamiento en silla de ruedas a todos sus niveles, en los términos previstos en la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
La iniciativa persigue incorporar medidas legislativas que contemplen a estos pacientes para establecer condiciones que permitan el desarrollo de sus vidas cotidianas.
Si bien es efectivo que deben prevenirse los contagios, existen protectores faciales que no impiden la lectura de labios de personas sordas.
La decisión de la recurrida se fundó en el derecho y facultad que tiene para administrar las dependencias comerciales de su propiedad.
Las discrepancias entre los actores no pueden ser óbice para que el menor termine normalmente su proceso educativo.
El actor se vio obligado a contarle a su madre sobre su orientación sexual, a raíz de las burlas recibidas en su lugar de trabajo.
La denunciada no logró acreditar los fundamentos de la medida adoptada y su proporcionalidad.
El tribunal aplicó a la denunciada la sanción adicional de extender una carta de disculpas públicas al actor y publicarla en su página web.
