La Municipalidad de Sagrada familia alega que el letrado que concurrió a la audiencia y transigió carecía de facultades porque de acuerdo al artículo 65 letras i) y j) de la Ley 18.695 el alcalde requerirá para ello del acuerdo del concejo municipal, por lo que se infringe la supremacía constitucional, el principio de juridicidad y de especialidad
En el año 2001 fue dado de baja al ser acusado de formar parte de una agrupación de asaltantes. En 2008 fue absuelto por la Crote Marcial, no obstante, este hecho no merma la legitimidad del acto que lo destituyó, el cual fue dictado conforme a derecho y no procede en su contra la acción de nulidad de derecho público.
El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.
Resoluciones que declararon la salud irrecuperable y la baja del servicio, se fundaron en un informe emitido por un superior que ejerció ilegalmente la profesión de médico psiquiatra. No obstante, la acción de nulidad de derecho público no puede prosperar al haber cambiado la calidad jurídica del actor y no existir norma que revierta la baja permanente.
La acción de nulidad de derecho público se interpuso además fuera del plazo especial de dos años establecido en el DL Nº2695 para impugnar el acto, así como el de 5 años establecido para las acciones ordinarias.
La acción de resarcimiento se hizo depender del acogimiento de la pretensión invalidatoria de la resolución que se esgrimió como causante de los daños, por lo que habiéndose desechado esta última la pretensión de indemnización de perjuicios no podía continuar por sí sola.
El acto de “requerir” se aprueben normas para realizar el plebiscito dirimente; declarar feriados nacionales para jornadas de deliberación y discusión; disminuir la edad para sufragar, entre otras, constituye un desvío de fin, lo que constituye un vicio de nulidad.
Los actos administrativos, especialmente aquellos que afectan derechos de los administrados, deben contener suficientes fundamentos legales y fácticos. Su contenido tiene que bastar para explicar su motivación, no pudiendo complementarse con informes, documentación o explicaciones posteriores o paralelas.
Lo mismo ocurre con la revisión de los hechos asentados en el fallo impugnado.
Todo cuestionamiento relativo a la procedencia de la regularización solicitada debía ser conducida de la forma y dentro de los plazos establecidos en el Decreto Ley Nº2.695, y no por la presente vía.
La nulidad de derecho público es una acción general, y no un reclamo de ilegalidad como el establecido en la Ley 19.886, por lo que su competencia radica en la sede ordinaria.
