Los recurridos carecen de calidad indígena, y no fue encontrada ninguna comunidad indígena en que se encuentren afiliados, informó CONADI. La conducta de las personas que ocupan irregularmente el terreno es ilegal, pues se trata de vías de hecho que alteran el estatus quo y afectan la garantía constitucional de igualdad ante la ley del recurrente al despojarlo de su propiedad soslayando el estatuto jurídico aplicable.
La acción pretende que se declare la existencia de un derecho, lo que no es posible, ya que en la especie no se encuentran indubitados o probados los derechos y obligaciones del recurrente.
El lugar fue prestado por el Fisco para la instalación de antenas de telecomunicaciones por un plazo de 20 años desde 1994, acuerdo que se decidió no renovar en el año 2011.
Los recurrentes solicitaron el desalojo de los ocupantes ilegales del inmueble y la presencia de personal policial, con el fin de resguardar el inmueble.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
Para una adecuada solución del conflicto se debe tener en consideración el respeto y la protección de todas las partes involucradas. La solución debe mejorar la situación de ambas partes afectadas.
Los vecinos alegan que la omisión denunciada permitió la expansión de la “toma”, trayendo como consecuencia contaminación, incivilidades y delincuencia en el barrio.
Las autoridades regionales no cuentan con facultades para ordenar el desalojo de un bien inmueble privado.
Es la justicia penal la que puede actuar a través de las herramientas que entrega la ley para tal cometido, en especial si se halla involucrada la garantía constitucional de la propiedad.
El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por existir procesos abiertos en la especie, tanto en el ámbito penal como civil para resolver el conflicto.
