Dada la larga estadía del paciente en el Hospital, el factor domicilio se torna absolutamente insuficiente para justificar un traslado, desde que la falta de condiciones adecuadas en el Hospital de destino pone en serio riesgo la integridad del paciente.
La Segunda Sala del tribunal de alzada condenó al facultativo a pagar la suma de 21 millones 345 mil 148 pesos por concepto de daño emergente; 14 millones 91 mil 50 pesos por lucro cesante, y 20 millones de pesos por concepto de daño moral, aumentando ésta última cifra a $40 millones.
La Quinta Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, y rechazó íntegramente la demanda principal y subsidiaria, debido a que el dispositivo presentaba defectos de fabricación y la alerta que prohibió su uso, fue posterior a la intervención quirúrgica cuestionada.
La magistrada acogió la demanda de responsabilidad contractual entablada contra la clínica privada, tras establecer infracción a la lex artis en la intervención practicada a la demandante, quien presentaba un síndrome lumbociático derecho y, tras varias intervenciones, debió recurrir a otro centro asistencial.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar presentado contra hechos establecidos por los jueces del fondo.
El Tribunal de alzada acogió el recurso de protección deducido, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario de las recurridas al denegar el financiamiento para la adquisición y suministro del fármaco Eculizumab, recomendado por el médico tratante.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia que acogió la acción.
El máximo Tribunal estableció la responsabilidad de los servicios de salud por falta de servicio en los traslados realizados durante toda la jornada, entre los hospitales de Cañete, Curanilahue y Concepción, pese a la gravedad de las lesiones que presentaba la paciente.
El Tribunal de alzada estableció la obligación de la recurrida de otorgar la cobertura, la que está contemplada en la ley 19.650, norma que garantiza la atención de urgencia en cualquier establecimiento de salud público o privado.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación presentados por las partes y elevó el monto de indemnización a $40.000.000 por concepto de daño moral.
