Los efectos de las leyes rigen desde su promulgación y publicación, salvo excepciones que expresamente indiquen su retroactividad.
El artículo 8 de la Ley N°21.226 se aplica solamente a aquellas causas iniciadas durante la vigencia del estado de excepción, a contar del 20 de marzo de 2020. En la especie, el juicio ejecutivo se inició con la demanda presentada el 31 de mayo de 2019, la que fue notificada el 13 de julio de 2020, por lo tanto, la acción cambiaria prescribió en atención al artículo 98 de la Ley N°18.092.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida.
Este título (pagaré) goza de una presunción de pago de impuestos que debe ser desvirtuada por el deudor en caso de argumentar que el instrumento carece de mérito ejecutivo, lo que no ocurrió en la especie.
La suspensión de los plazos contenida en la Ley N°21.226 se aplica para aquellos juicios iniciados con anterioridad al 18 de marzo de 2020, razón por la que en la presente causa no se suspende el plazo de prescripción de la acción cambiaria.
La Clínica Alemana de Temuco intentó cobrar más de 37 millones de pesos a paciente por servicios inicialmente catalogados como urgentes, no fue capaz de demostrar el monto exacto del valor de los cuidados prestados una vez que el paciente se encontraba ya fuera de riesgo vital.
La demanda ejecutiva fue notificada en abril de 2021, pero fue presentada en diciembre de 2019, por lo que los jueces de fondo no debieron aplicar el artículo 8 de la Ley N°21.226 para rechazar la excepción de prescripción de la acción cambiaria y ordenar seguir adelante con la ejecución.
La ley faculta indicar la fecha de emisión del documento al portador con posterioridad a la suscripción del mismo, por lo que en la especie no transcurrió el plazo de prescripción de la acción cambiaria invocado por el ejecutado.
Esta es la correcta aplicación e interpretación del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que en la especie el máximo Tribunal absolvió al demandado de la ejecución.
En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.
