La recurrente solicitó la patente, no obstante, la junta de vecinos del sector manifestó que en el lugar existían ya cinco locales más de venta de alcoholes, lo que en el último tiempo devino en un aumento en la inseguridad de la población; por lo tanto, el municipio fundó su rechazo en la pormenorizada información otorgada por los vecinos, decisión que fue ratificada por la magistratura.
Municipalidad infringió el deber de motivación suficiente, objetiva y comprobable para satisfacer el estándar de fundamentación requerido en los artículos 11 y 41 de la Ley Nº 19.880.
El Concejo Municipal tuvo presente, para rechazar la renovación, un informe de la DIPRESEC que daba cuenta de hechos delictivos en un tiempo de 5 años atrás, cuando lo que correspondía era evaluar sólo el año precedente a la solicitud de renovación.
La reclamante solicitó además la indemnización de los perjuicios causados por el municipio, lo que fue desestimado por la Corte, puesto que tal petición excede los márgenes de la acción de reclamación dispuesta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
El informe emitido por Carabineros, que dio cuenta de la ocurrencia de una riña con resultado de muerte en los estacionamientos del centro de eventos, mientras aquel estaba a cargo de un menor de edad, es razón suficiente para negar la renovación de la patente comercial por no garantizar la seguridad en el recinto.
Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.
De lo contrario, los municipios se encuentran impedidos de verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes para mantener su explotación.
El tribunal sostuvo que la acción cautelar no es la vía idónea para solucionar la controversia entre las partes.
El actuar del municipio genera incertidumbre e impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha franqueado la ley respecto de dichas decisiones.
La Corte Suprema señaló que, el pronunciamiento negativo a la renovación de patente de alcoholes del recurrente no puede ser calificado como un acto ilegal o arbitrario.
El fallo concluyó que el acto impugnado es ilegal.
