El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.
En el procedimiento sumario se dispuso la medida para esclarecer los hechos.
En la resolución, el ministro Cancino Cancino sometió a proceso a Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y Francisco Javier Pizarro Mana, como autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, en calidad de cómplices del delito cometido en cuartel de la policía civil de Valparaíso.
El máximo Tribunal dispuso dejar sin efecto la suspensión del funcionario debiendo asignársele funciones que no entorpezcan el desarrollo de la investigación que se lleva en su contra.
A pesar del tiempo trascurrido, no se ha ordenado la confección un cartel de búsqueda.
El 30 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022, el imputado A.M.A.S., funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ancud, al interior de dos domicilios, ubicados en las calles Los Alerces y Pedro Montt de la ciudad, realizó actos de significancia y relevancia sexual, utilizando la fuerza, en contra de dos compañeras de labores, respectivamente.
La declaración de recuperabilidad de salud requiere además la evaluación de la compatibilidad con el cargo.
No solo se hace necesario crear un estatuto idóneo y unificado para la tipificación de las conductas cometidas en contra de funcionarios de dichas instituciones, sino que también regular las materias relevantes para que puedan realizar un adecuado ejercicio de su función, bajo un marco de protección suficiente.
Busca establecer la obligación legal para que Carabineros, la Policía de investigaciones, el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea, cuenten con un reglamento para la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de los animales que sean de su propiedad.
En la audiencia de formalización la jueza ordenó el ingreso de Contreras Canales a cumplir el régimen cautelar más gravoso, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó un plazo de investigación de 6 meses.
La Comisión de Seguridad Pública analizará esta iniciativa que plantea un reordenamiento y enfrentar los temas de delincuencia con un sistema de seguridad especializado.
