Tratándose de decisiones técnicas, adoptadas por especialistas, y no observándose que exista alguna ilegalidad o arbitrariedad en la misma, no procede acoger la acción.
El máximo Tribunal afirma que a la isapre le cupo una actuación reprochable al desligarse del asunto bajo el pretexto que correspondía “a un conflicto entre prestador y afiliado”, olvidando que le corresponde por ley, designar y supervisar los servicios de prestadores idóneos.