La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.
Elimina la suspensión del derecho a sufragio de las personas que se hallen acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista.
Prohíbe optar al beneficio de sustitución de las penas privativas de libertad, a quienes resultaren condenados a pena aflictiva por delitos contra las personas.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
