Si bien la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena de muerte, una minoría significativa aún se aferra a esta forma de castigo. En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional.

Su discusión se da en un momento de profundo malestar social a raíz de la reciente escalada de violencia entre israelíes y palestinos, la cual ya ha dejado varios muertos. Su aprobación sería todo un hito en Israel, ya que en este país la pena de muerte no se aplica desde hace 60 años.

Los demandantes padecieron sufrimientos psíquicos durante el período de detención preventiva y posteriormente, tras la condena, en el corredor de la muerte. Esto, en el contexto de condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales, en perjuicio de su derecho a la integridad física, psíquica y moral.

Tratan de la pena de muerte, personas en situación de migración o refugio, personas en situación de desplazamiento, desaparición forzada y libertad personal.

Habría aceptado sobornos por más de 117 millones de yuanes (unos 16,7 millones de dólares) en varios cargos que ocupó entre 2005 y 2021.

La propuesta, originada en moción, deroga la pena de muerte del ordenamiento jurídico nacional, mediante la modificación de las normas que la contemplan en el Código de Justicia Militar.

La iniciativa reestablece la pena capital respecto de los delitos en los que era aplicable antes de la dictación de la Ley N°19.734.

Se solicitó al Estado abstenerse de ejecutar la pena y que garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, con especial consideración a las discapacidades y condición médica del beneficiario.

El gobierno calificó los hechos como el atentado terrorista más grave y violento luego del atentado en contra de las Torres Gemelas.

Solicitó a EE. UU. abstenerse de ejecutar la pena de muerte hasta que la CIDH haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre su petición.