El tribunal tuvo presente que el delito de receptación de vehículo motorizado, conforme lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 456 bis A del Código Penal, se sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años y multa equivalente al valor de tasación fiscal del vehículo.
El máximo Tribunal estableció que, si bien en la especie se cumplen los requisitos para proceder a la extradición pasiva del requerido, como correctamente resolvió la sentencia impugnada, antes deberá enfrentar el proceso abierto ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte.
El requirente alega que el precepto impugnado transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la igualdad ante la ley.
Los jueces o juezas deberán excluir el grado mínimo de la pena o el mínimo dentro del grado determinado en aquellos delitos contra las personas si procede la agravante de que la víctima es menor de 18 años, adulto mayor o persona con discapacidad.
En el aspecto civil, el ministro condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000, por concepto de daño moral, hermanas e hijas de las víctimas.
La iniciativa fue derivada a la Comisión de Constitución del Senado y modifica diversos cuerpos legales para aumentar los requisitos de acceso a la libertad condicional de quienes cometan delitos graves contra la infancia.
No pueden establecerse e imponerse sanciones que no respondan a la naturaleza del hecho ilícito y al daño causado.
En atención al artículo 53, inciso 1º, de la Ley 19.880 y al transcurso de más de dos años desde la notificación del decreto alcaldicio que declaró vacante el cargo, no procede ordenar un procedimiento invalidatorio.
El máximo Tribunal recalificó los delitos de homicidio frustrado y homicidio en grado de tentativa por lesiones graves y daños, respectivamente.
