El quejoso fue condenado a pagar más de 100 millones de pesos en multas, por construir en un inmueble que no cuenta con permiso vigente de obra nueva. Pese a que inicialmente sí fue autorizado, posteriormente, la autoridad administrativa no reconoció aquel permiso por estimar que es ilegal construir en la zona donde se ubica el predio del denunciado.
En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.
El Tribunal de alzada acogió el reclamo presentado por Fundación Defendamos La Ciudad y dejó sin efecto el permiso de edificación concedido a la empresa Inmobiliaria Mirador del Cerro SpA para ejecutar el proyecto de construcción en el perímetro que, actualmente, corresponde al Hotel Sheraton Santiago.
Municipio de Pudahuel caducó un permiso otorgado en 1996 así como una modificación posterior, respecto de uno de los lotes del predio autorizado a construir, el cual no presenta avances en su construcción desde el año 2015.
El reclamante alegó que, al no iniciarse un procedimiento previo para declarar la caducidad de los permisos, se vulneró el debido proceso, pues no se le permitió realizar descargos ni presentar pruebas, argumento que fue descartado por la Corte.
La Dirección de Obras Municipales justificó el incumplimiento a las normas de la SEREMI que ordenaban la suspensión de los plazos de caducidad, en que se trataría de instrucciones ilegales.
El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.
Sólo el permiso y las obras edificadas ya recepcionadas son las que están exentas de la afectación, no así aquellas porciones del predio cuya utilidad pública se restableció mediante la Ley 20.791, resolvió el máximo Tribunal.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.
La normativa exime de tal permiso a las edificaciones que se encuentran destinadas a la prestación de servicios sanitarios y son ejecutadas por el Estado.
El requirente estima que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias.
