Tres de ellas fueron convocadas de oficio por la CIDH para abordar la situación de los derechos humanos de personas defensoras y personas mayores, así como la situación de la independencia judicial en la región.
Personas con discapacidad
Reforma a la Constitución Española establece que las personas con discapacidad ejercen los derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.
España se apresta a modificar la Constitución de 1978 para sustituir los términos disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos por el de personas con discapacidad.
Inclusión laboral para personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez a Mixta.
Defensoría Regional de Antofagasta celebró convenio con la sociedad civil para garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad sometidas a un proceso penal.
No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría ha recordado que los Estados miembros de la OEA se han comprometido a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción, sino que además dicho mandato se puede encontrar en diferentes tratados internacionales.
Autoridades deben consultar a personas con discapacidad previo a legislar sobre cuestiones que afecten sus intereses y derechos.
Al garantizar la participación de las personas con discapacidad en lo individual o colectivo –a través de organizaciones de personas con discapacidad–, este grupo puede determinar y señalar de mejor manera las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que redunda en mejores resultados para esos procesos decisorios.
Inclusión laboral de personas con discapacidad: idea de legislar recibe contundente respaldo.
Durante la discusión, los legisladores argumentaron la pertinencia no solo de incrementar el número de trabajadores con condiciones especiales, sino también, garantizarles derechos terminando con cualquier discriminación.
Proyecto de ley modifica el Código del Trabajo para aumentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en grandes empresas.
La iniciativa propone aumentar del actual 1% a un 4%, en relación al total de sus trabajadores.
Tribunal Constitucional de Perú ordena a los órganos jurisdiccionales eviten la utilización de términos peyorativos contra las personas con discapacidad.
El lenguaje y los términos que son empleados en el quehacer jurídico pueden contribuir a la perpetuación de prejuicios o estigmas en contra de las personas con discapacidad.