La agresión a una mujer es una violencia estructural que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, e impone la obligación de analizar las situaciones respecto de las cuales se debe decidir con una adecuada perspectiva de género.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.
La violencia digital es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual.
La mujer mostraba características propias del Síndrome de Adaptación Paradójica, en virtud del cual las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un paradójico vínculo afectivo con el maltratador, llegando a justificar su proceder, aceptar sus excusas y arrepentimientos luego de cada agresión y descartar la posibilidad de denunciarlo o de abandonarlo.
La Directiva 2011/95 debe interpretarse de conformidad con el Convenio de Estambul, que vincula a la Unión Europea y reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de persecución. Además, podrán obtener el estatuto de refugiado si, por razón de su sexo, están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluidos actos de violencia sexual y violencia doméstica.
Se encuentra acreditado que la situación de violencia de género sufrida por la actora y el fallecimiento de su madre habrían dado lugar a un cuadro generador de desajustes conductuales, que pudo haberla llevado a no conectarse con sus obligaciones habituales, entre las que podía estar incluida la omisión de solicitar las licencias médicas a través del sistema informático.
La acusada intentó revertir el fallo indicando que los agentes de aduanas no poseen la facultad para registrar sus vestimentas, y que no fue juzgada con perspectiva de género al estar embrazada. El máximo Tribunal expresó que los agentes fronterizos están autorizados por ley a practicar el registro a quienes ingresan al país, y que el estado de gravidez no es una condición eximente de responsabilidad penal.
La iniciativa nace no sólo para descongestionar la cárcel de Chillán, sino que además para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para con las mujeres privadas de libertad. Segrega a imputadas y condenadas.
Al haberse verificado en autos la existencia de un modelo familiar “tradicional”, basado en una relación construida sobre una distribución de roles de género, en función de la cual la mujer relegó sus potencialidades laborales en aras de un proyecto de vida en común junto a su cónyuge.
El Estado garantiza a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados y en las leyes, y vela por su protección e integración socio económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su calidad de vida.
Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución, las razones que motivan la solicitud de la amparada deben atenderse por mandato de la Constitución, en cuanto es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
