Tiene derecho a fluir, para garantizar un ecosistema saludable, a brindar un ecosistema sano, a fluir libremente de toda contaminación; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a la biodiversidad; a que se la restaure; y a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros.

Pero más allá de la reflexión constitucional, la misma que a todas luces nos indica que la sanción impuesta por el Congreso carece de sustento jurídico y viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no podemos desconocer que de un tiempo a esta parte el Congreso venía buscando -por todos los medios- remover a los integrantes de La Junta Nacional de Justicia” (JNJ).

No se aprecia que la disposición contenida en los comunicados que informaron sobre las opciones de devolución del monto de las entradas, por la cancelación del concierto del grupo Guns N’ Roses, constituya un contrato de consumo por adhesión o cláusulas generales de contratación toda vez que no reúne las características para tales efectos.

Es una exigencia democrática considerar a una sentencia como un instrumento lingüístico que tiene el propósito de comunicar las razones de la decisión; en ese orden, se trata de motivar para comunicar, no de “motivar por motivar”. Para este propósito la redacción de la sentencia debe ser breve, simple y sencilla considerando que sus destinatarios también son personas no necesariamente conocedoras del derecho.

La decisión tomada por Migraciones se encuentra plenamente justificada, puesto que existe un Informe del Servicio de Inteligencia del cual se desprende que ya se ha calificado al señor Morales como una persona peligrosa para la seguridad del Estado, y ese es el motivo principal de impedir su ingreso a nuestro territorio.

La sola asignación de las casillas a los administrados, no resultan suficiente para que el acto de notificación resulte válido; por el contrario, será a partir de la autenticación del administrado – el registro de datos, correo electrónico, celular, la habilitación del usuario y contraseña -, que deberá entenderse como el consentimiento expreso del administrado para la notificación de actos administrativos.

Al imponer esta cláusula de manera generalizada, se limita la capacidad del consumidor para ejercer su derecho al cambio y/o devolución del producto o prestación, de ser el caso. Asimismo, debe considerarse que la inclusión automática de dicha cláusula sin evaluar las particularidades de la transacción desconoce el principio de equidad en las relaciones de consumo.

Es evidente la falta de interés para obrar que tiene la demandante, por cuanto el estado de necesidad que eventualmente puede invocar no es concreto ni es actual, pues ya no existe peligro alguno para ninguno de los cónyuges, por la misma razón que tal contagio ya se ha consumado para ambos. La situación que eventualmente permitiría invocar como causal no se adecúa a la finalidad de la norma.

En correspondencia con el principio de confianza y el principio de auto responsabilidad ha de tenerse en cuenta que si bien el empresario no tiene un deber de control absoluto, sí tiene el deber de prever las imprudencias no temerarias, más puede confiar en que no se produzcan imprudencias de carácter grave, en la medida que haya realizado los controles oportunos como la adopción de determinadas medidas de seguridad.

La dignidad del cargo y mantener la integridad judicial no solo es esencial para el desempeño de las funciones judiciales, sino que es piedra angular de los sistemas judiciales y requisito necesario para la vigencia del Estado de Derecho, del derecho a un juicio justo y de la confianza en el poder judicial.