Ni los integrantes hombres ni las integrantes mujeres podrán superar los dos tercios del total. Eso se aplicará en los Comités Científicos Técnicos, Comités de Manejo, Consejos Zonales de Pesca, Consejo Nacional de Pesca, Comisión Nacional de Acuicultura y, en general, en toda otra instancia de participación que establezcan la ley de pesca u otras leyes relacionadas con los recursos hidrobiológicos.

La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien concurre a la decisión revocatoria, pero teniendo únicamente en consideración que, a diferencia de lo sostenido en la sentencia, en la especie no sólo se está en presencia de una actuación arbitraria.

De acuerdo a la Institución para la captura del recurso jibia está prohibido otro tipo de arte o aparejo de pesca que no sea la potera o línea de mano. No obstante, la recurrente alegó que contaba con autorización para la pesca de arrastre por acto administrativo anterior a la publicación de la Ley Nº 21.134 la que no podía regir “in actum».

Se ordenó al recurrido aplicar la medida cautelar de retención de bienes sobre el navío afectado, por lo que al dictar su arraigo atribuyó a dicha medida cautelar consecuencias distintas a las que jurídicamente tiene.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de primer grado que sancionó a la pesquera, la cual no acreditó el origen del cargamento incautado y que los especímenes superaban la talla mínima para su explotación.

La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que, el acto arbitrario e ilegal de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura fue tomada en el ejercicio de las facultades que la ley le otorgó.

El máximo Tribunal consideró que la empresa es responsable del daño producido en la bahía por el rompimiento de una cañería de transporte de hidrocarburos por el buque tanque «Mimosa» y que provocó el vertimiento de 37.800 litros de combustible en la zona.