En el marco del proceso de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y ante la solicitud de medidas provisionales por parte de la representación de las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado que tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma en cuestión.
El problema de la concentración de atribuciones de gobierno judicial en la Corte Suprema, y específicamente, la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de jueces ha sido un tema recurrente en el debate político y académico debido a los potenciales, que han dado lugar a cuestionamientos a la independencia y probidad de la judicatura.
En su discurso inicial, el ministro Silva Cancino explicó el término “Gobierno Abierto”, que comienza a utilizarse en los años 70, por los académicos Richard Chapman y Michael Hunt. “Este concepto se refiere a diversas cuestiones relacionadas con el ‘secreto’ de gobierno e iniciativas para ’abrir las ventanas’ del sector público hacia el escrutinio ciudadano”, indicó.
La propuesta concordada el 1 de julio pasado por el Pleno del máximo tribunal considera la separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son y la creación de un órgano autónomo y descentralizado para los nombramientos.
El propósito de la reforma constitucional consiste en avanzar hacia una propuesta que mejore el sistema de nombramiento de magistrados, manteniendo el principio de “frenos y contrapesos” tan característico de nuestro sistema democrático, pero sosteniendo firmemente la idea de respetar la carrera judicial, la transparencia, la probidad y la formación técnico profesional de nuestros magistrados.
La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
El ex parlamentario busca eliminar un reportaje del programa “fallos históricos” del Poder Judicial, que informa acerca de su condena criminal en el año 2005, para ello apela al derecho al olvido y haber cumplido su condena, por lo que -en su opinión- el video impugnado no hace más que perpetuar una imagen negativa de su persona en el resto de la sociedad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en su momento enfatizó que la conducta de un magistrado debe ser ejemplar (Fallos 305-2:1932). Si nos centramos en la faz ética, su objeto es establecer qué es lo que corresponde exigirle al juez en orden a convertirlo en el mejor juez posible para la sociedad de ese tiempo y lugar.
“Coincidimos en muchas de las preocupaciones que tiene el colegio con el presidente de la corte y quedamos en tratar de aunar esfuerzos de modo de buscar soluciones en conjunto» manifestó Pedro Pablo Vergara.
La instancia aprobó una indicación del Ejecutivo que entrega el proceso de selección de candidatos al Sistema de la Alta Dirección Pública, en base a perfiles entregados por el Ministerio de Justicia. Será el titular de esa cartera quien defina el postulante que ocupará el cargo.
Esta confusión de identidad entre el imputado de la causa y el recurrente de autos se generó por la remisión del Ministerio Público al Juzgado de Garantía del acta de flagrancias, en la cual al imputado de la causa se identificó con el Rut del actor, ingresando dicho Rut al sistema SIAGJ, informó Fiscalía.
