La moción, que recibirá indicaciones hasta el lunes 18 del presente, busca dotar a las policías de mayor tiempo para poner al infractor a disposición de la justicia. La Sala acordó que en particular, el texto sea analizado por la Comisión de Constitución.
Cambia la denominación de “Asistente Policial” por la de “Agente Policial” o “Agente Policial Superior”, según el grado de escalafón, con el fin de avanzar hacia una mayor profesionalización de quienes ejercen ese cargo.
Tras conocer los últimos índices de victimización de Paz Ciudadana, el senador Juan Antonio Coloma llamó al gobierno a acelerar la tramitación de las iniciativas que forman parte de la Agenda de Seguridad y que “apuntan precisamente a enfrentar el alto temor de la población a sufrir delitos”.
La norma permite establecer cada tres años qué unidades podrán contar con esta tecnología. El costo de implementación es cercano a los 7 mil millones de pesos.
El proyecto aprobado por la Sala de la Cámara busca establecer para el transporte aéreo una obligación ya vigente para los medios terrestres y marítimos. Por esta vía, se espera facilitar las investigaciones de hechos delictuales. Además, la Corporación aprobó la entrega de la nacionalidad chilena por gracia a dos deportistas radicados en nuestro país.
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto que entrega esta facultad también al Ministerio Público. La idea es otorgar a estas instituciones una herramienta eficaz y efectiva para fortalecer la investigación de delitos.
La iniciativa respaldada por la Cámara y que pasa al Senado, establece registros y almacenamiento audiovisual para funcionarios de ciertas unidades especializadas de Carabineros y la PDI.
La iniciativa busca facilitar la identificación de detenidos cuya identidad no es posible de determinar. Para esto, establece un proceso de verificación de los datos de las personas y su eventual enrolamiento.
En la sesión expusieron abogados quienes analizaron los alcances de regular el uso de la fuerza por parte de las policías y FF.AA. en materia de orden público.
Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.
En la sesión las ministras del Interior y Defensa explicaron los alcances de la norma y aclararon inquietudes por parte de las y los parlamentarios.
