Los diarios de reuniones solicitados existían y, por tanto, estaban «listos y accesibles». Por lo tanto, la negativa a conceder acceso a los diarios de reuniones había interferido con el derecho de la ONG demandante a recibir y difundir información. La información precisa es una herramienta del oficio de un organismo de control público.
Si el elemento abusivo de la cláusula puede separarse del resto de la misma, su supresión puede bastar para restablecer el equilibrio real entre las partes del contrato. En tal caso, el contrato puede subsistir y el consumidor puede elegir cualquier forma de pago de entre las admisibles en virtud del Derecho nacional.
La profesión de las demandantes es de naturaleza intelectual, por lo que, en el caso concreto, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cualquier posible consideración sobre el papel de ellas en la sociedad son irrelevantes en cuanto a la aptitud de ambos sexos para ejercer profesiones de esa naturaleza.
Solo en circunstancias muy excepcionales un demandante puede alegar ser víctima de una futura violación al Convenio. Para que una mujer en edad fértil en Polonia pueda alegar que fue víctima de las restricciones al acceso al aborto terapéutico, tendría que presentar pruebas razonables y convincentes de la probabilidad de una eventual vulneración. La mera sospecha o conjetura es insuficiente.
La disposición no brinda ninguna oportunidad para que la persona sancionada presente argumentos en su defensa. En el caso de los solicitantes, simplemente recibieron cartas del jefe de Seguridad informándoles que se les prohibió ingresar al parlamento durante un año. Además, la ordenanza no prevé ningún procedimiento claro para impugnar la medida.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución, dictada por el Juzgado de Garantía de Coyhaique, que accedió a la solicitud de extradición tras establecer que se cumplen con los requisitos legales para pedir la entrega de Castro Martínez, cuya formalización se realizó en ausencia por delitos que tiene asignada una pena privativa de libertad superior a un año, acción penal que no se encuentra prescrita y la requerida se encuentra residiendo en la ciudad de Varsovia, Polonia.
Los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros están obligados a adoptar una resolución de restitución del menor en un plazo especialmente breve y estricto. En principio, esa resolución debe ser adoptada como muy tarde en un plazo de seis semanas a partir del momento en que se conozca del asunto.
Durante más de dos años, el actor se vio privado de todo contacto con su hijo. Al respecto, señala el TEDH que el tiempo es un factor importante en los procesos que afectan a los niños, ya que cualquier demora puede resultar en un cierto nivel de alienación, y es probable que ocurra lo mismo en relación con una persona adulta joven con una discapacidad mental severa.
Cuando existen denuncias graves de malos tratos generalizados en el país de destino, las autoridades nacionales tienen la obligación especial de verificar si la persona en cuestión estaría expuesta a un riesgo real.
Del análisis de los dichos queda claro que no pretendían contribuir a ningún debate serio sobre asuntos religiosos, sino que se realizaron en respuesta a preguntas sobre su vida privada, en un lenguaje frívolo y colorido que pretendía despertar el interés del público joven.
Se constató que la reducción y la tardanza injustificada en la tramitación de su recurso en sede judicial vulneraron los derechos a un proceso equitativo y a un recurso efectivo del afectado.
