La normativa aplicable no crea una jerarquía entre las acciones legales emprendidas contra el anfitrión de sitios pornográficos y las incoadas contra el proveedor de Internet. Por lo tanto, las asociaciones pueden pedir a los tribunales que obliguen a los proveedores a bloquear un sitio pornográfico sin tener que accionar primero contra el editor del contenido o su anfitrión.