Si bien el recurrido ha negado formalmente la situación descrita, lo cierto es que culmina afirmando que no ha podido ejercer la acción contemplada en el artículo 842 del Código Civil porque los dueños del predio vecino a los que tendría que demandar viven en España y desconoce sus domicilios.
El demandante accionó contra el Fisco, reclamando el monto de la indemnización provisional consignada en razón de la expropiación de parte de su predio para desarrollar una obra de mejoramiento vial en la ruta que une las localidades de Cólico con Caburga Norte, en la región de La Araucanía.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
El magistrado acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
El Tribunal de alzada le ordenó, además, a la parte recurrida abstenerse de realizar en lo venidero, acciones que perturben o priven de la propiedad a su dueña.
El querellado intentó justificar la apropiación, argumentando que los jueces de fondo incurrieron en ultrapetita al ordenar la devolución de una porción de terreno que no fue debidamente singularizada por la querellante, tesis que fue desestimada por el máximo Tribunal.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos asentados por la judicatura del fondo.
Los recurridos alegaron haber comprado el derecho respectivo.
La vía cautelar no constituye una instancia de declaración de derechos.
Las partes deben tener la opción de aportar probanzas en apoyo de las pretensiones que cada una sostiene.
El máximo Tribunal desestimó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de primera grado que acogió la demanda.
