No puede deducirse que exista una previsión legal clara, que responda a los requisitos de seguridad y certeza, que justifique el traslado de una persona de un punto en que se la intercepta en un control de seguridad hacia una comisaría para realizar la prueba de alcoholemia en aquellos supuestos en que la persona no acepte voluntariamente, de forma indubitada y clara, ese desplazamiento para realizar la prueba.
La sentencia impugnada es excesivamente abierta, débil o indeterminada, por lo que no puede servir para dictar una sentencia condenatoria. Por lo expuesto, hemos de estimar el recurso de apelación y debemos revocar el fallo apelado, en el sentido de absolver al apelante del delito de robo con fuerza en las cosas por el que había sido acusado y condenado en este procedimiento.
La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.
El cultivo de más de 100 plantas de marihuana, con un peso muy superior al que como criterio general se asigna la presunción de autoconsumo, y en un número de plantas mucho mayor que el permitido en las legislaciones en que expresamente se autoriza el cultivo para consumo propio, implica un poderoso indicio en favor del destino al tráfico.
El testigo de oídas no resulta ser propiamente una prueba, pues solo es una prueba de la prueba de los hechos imputados a un acusado.
Las incertezas son evidentes y derivan, en buena medida, de la negligencia del Ministerio Público al sustentar su hipótesis en dicha prueba, pero, además, de una actuación del tribunal a quo que termina subsanando las debilidades probatorias de cargo, justificándolas e imponiendo un escrutinio más allá de lo justificado a otros antecedentes y pruebas allegadas al juicio, descartándolas.
No es inconstitucional la ley que asigna un valor probatorio a determinados instrumentos. El legislador puede, libremente, establecer un valor probatorio determinado o dejar entregado al juez la ponderación de los medios probatorios y puede dar un valor superior a una prueba cuando quiere despejar futuras controversias, cuando quiere alterar una carga de la prueba. En materia administrativa el estándar lo fija el artículo 35 de la Ley N° 19.880, ante el silencio del Código Sanitario.
Bajar los pantalones y las bragas de la mujer, seminconsciente, tumbada en la vía pública, para inmediatamente bajarse los suyos, e iniciar movimientos rítmicos de empuje sobre su zona genital, solo siendo detenido por la intervención de terceros, exigen prueba suficiente para acreditar que no pretendía penetrar a la víctima
Afirmar, como hace la sentencia, que esa conducta es reveladora de una función de vigilancia y control no es más que una suposición carente de base probatoria.
El efecto acumulativo de las declaraciones pudo influir en la decisión del tribunal que conoció del recurso de apelación. Por lo tanto, se violó la presunción de inocencia del demandante en virtud del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de estas conclusiones también se observa una violación de su derecho a un “tribunal independiente e imparcial” previsto en el artículo 6.1 del mismo cuerpo normativo.
El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del «claro sentimiento de enamoramiento y cariño» que la víctima sentía hacia el acusado.
