La doctrina constitucional ha admitido de forma indubitada el carácter constitucional de las medidas de acción positiva, declarando que tienen esta condición aquellas normas legales, resoluciones judiciales y administrativas que se dirigen a dotar de un contenido material el principio de igualdad, aunque aparentemente parezcan contrarias a este principio.
Dicha medida vulneraría el ejercicio de la libertad de expresión e importaría un acto de censura previa por vía judicial, contrario al ordenamiento supranacional, nacional y local vigente, ya que el ejercicio de tal derecho “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”.
El Estado garantiza a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados y en las leyes, y vela por su protección e integración socio económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su calidad de vida.
El derecho a compensación se aplica aun cuando se haya informado al pasajero de la denegación de embarque con al menos dos semanas de antelación respecto a la hora de salida prevista del vuelo.
El delito de contrabando se encuentra en una norma de rango legal que describe la conducta de una forma tal que no genera confusión o incertidumbre, siendo respetuosa tanto con el principio de legalidad como con el principio de tipicidad, toda vez que permite que los ciudadanos conozcan el alcance de la amenaza penal y, sobre todo, que sepan cuál es el ámbito de las conductas prohibidas.
También se impugnan las normas que sancionan al empleador con la nulidad del despido. La requirente alega que son contrarias a la igualdad ante la ley, al derecho a defensa, a un justo y racional procedimiento, y no contribuyen la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas.
La cuestión debe encuadrarse en el derecho a la ciudad, que intenta, a través de un modelo de urbanización asentado en los principios de igualdad, no discriminación, transparencia, equilibrio social, ambiental y ecológico, superar las crisis de las políticas urbanas actuales.
La discriminación directa exige una diferencia de trato por razón o causa del sexo del trabajador, lo que implica que en este caso no pueda hablarse de dicha discriminación, pues las camisetas que son objeto de las presentes actuaciones son las mismas, con independencia del sexo.
Las Directivas antidiscriminatorias establecen un conjunto específico de causas de justificación que permiten amparar un trato diferente en una serie limitada de circunstancias. La excepción de «requisito profesional esencial» aparece en todas las Directivas y permite a los empleadores diferenciar entre las personas por los motivos protegidos cuando estos tienen relación intrínseca con la capacidad de desempeñar un determinado trabajo o las cualificaciones necesarias para el mismo.
Lo resuelto no trasgrede el principio de igualdad, ya que si bien todas las personas somos iguales ante la ley, este derecho no tiene un carácter absoluto. No cabe duda de que las personas que integran los cuerpos policiales no están en igualdad de condiciones con personas trabajadoras, cuyas funciones no resguardan la vida de otras ni implican el uso de armas.
La actora tiene el título de ingeniera y en la empresa la categoría de Técnico Titulado Superior. El varón la categoría profesional de Técnico Grado Medio, pero percibe una mayor retribución que la demandante pese a que ésta tiene más antigüedad. Se ordenó el cese de tal comportamiento empresarial por discriminatorio y contrario al principio de igualdad. Además, se la condenó al pago de una indemnización de 13.000 euros.
