La prueba producida se torna incapaz de explicar todos los extremos de la imputación que se leen de la acusación fiscal, pues ella no aporta corroboración a la hipótesis de la autoría del delito de lesiones que se imputa a los encartados y, consecuencialmente, ello impide acreditar que los hechos acaecieron del modo indicado en la acusación.
Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Las personas detenidas y aquellas sobre las cuales no se haya enervado la presunción de inocencia deben ser consideradas como tales, dado que no existe pronunciamiento definitivo por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes.
La Constitución Española impone a los poderes públicos la protección del patrimonio histórico, cultural y artístico, y a la ley penal sancionar los atentados contra dicho patrimonio.
La decisión fue acordada con el voto preventivo del Ministro Pica, quien concurre a la sentencia, teniendo además presente sus propias consideraciones.
