El requirente estima que se vulnera su garantía de legalidad penal, el principio de legalidad y de taxatividad penal, junto a la eximente de legítima defensa.
Principio de tipicidad
Norma que tipifica el delito de desacato de resoluciones judiciales, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Normas que regulan el valor probatorio del acta de fiscalización en sumarios sanitarios y establecen sanciones por infracción a disposiciones del Código Sanitario están impugnadas en sede de inaplicabilidad.
Norma que permite imponer multas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no produce efectos contrarios a la Constitución. Se rechaza requerimiento de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional.
Norma que permite la comunicabilidad a terceros extraneus de la calidad especial del sujeto activo del delito de Fraude al Fisco, se impugna en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Los requirentes estiman que la norma refutada infringe principios fundamentales del Derecho Penal amparados por la Constitución.
Normas que facultan a la autoridad sanitaria para aplicar multas por infracciones al Código Sanitario, sus reglamentos y las resoluciones que dicten autoridades de salud, no producen resultados contrarios a la Constitución.
Los requirentes alegaron que la potestad sancionatoria de la autoridad, en el caso concreto, es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Normas que privan al empleador de percibir la bonificación de mano de obra como sanción por la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante Tribunal Constitucional.
La requirente estima que la inhabilidad aplicada es desproporcionada y limita el desarrollo de sus actividades para la comunidad.
Norma que establece multas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no produce resultados contrarios a la Constitución. La Magistratura Constitucional rechazó declarar inaplicable el precepto legal, apartándose de precedentes anteriores.
El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.
Normas que establecen el delito de contrabando y su pena se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 168, inciso tercero; artículo 178, número 3; y el artículo 179, letra e), del Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del año 2004, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N°213, de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas. Los preceptos legales impugnados […]
Tribunal Constitucional rechaza declarar inaplicable norma que le permite al CNTV multar a canales de televisión por emitir contenidos sensacionalistas.
El requirente alegó que el precepto legal no establece criterios objetivos, reproducibles y verificables para determinar la cuantía de la multa en forma proporcional a la gravedad de la infracción.
Norma que establece multas por infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones no se declara inaplicable por el Tribunal Constitucional.
La norma satisface estándar constitucional exigido en virtud de los principios de legalidad y proporcionalidad
Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad de normas que facultan a la autoridad sanitaria para aplicar multas por infracciones al Código Sanitario, sus reglamentos y resoluciones que dicten autoridades de salud.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
Norma que tipifica el delito de desacato se impugna en sede de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional.
Los requirentes estiman que se amplía la conducta penada a situaciones no previstas por el legislador, vulnerando sus garantías constitucionales.
Normas que facultan a la autoridad sanitaria aplicar multas por infracciones a cualquiera de las disposiciones del Código Sanitario, de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten autoridades de salud se impugnan en el Tribunal Constitucional.
El requirente estima que se le aplica una sanción desproporcionada que no puede controvertir, vulnerando el debido proceso y el principio de legalidad.